Visibilizar la discapacidad orgánica o invisible en Veracruz, propone diputado

Visibilizar la discapacidad orgánica o invisible en Veracruz, propone diputado

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Con el objetivo de reconocer expresamente la discapacidad orgánica o invisible en la legislación veracruzana, el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada presentó ante la LXVII Legislatura una iniciativa que propone adicionar una fracción al Artículo 2 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz.

La propuesta busca que quienes viven con este tipo de discapacidad puedan acceder, en condiciones de igualdad, a políticas públicas, programas, apoyos y mecanismos de protección que permitan garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

El legislador señaló que, debido a que esta condición no presenta necesariamente manifestaciones físicas evidentes, actualmente no se encuentra contemplada de manera específica en la legislación estatal, lo que puede dificultar el acceso a certificaciones, apoyos institucionales y ajustes razonables acordes con las necesidades de cada persona.

Explicó que la discapacidad orgánica o invisible es aquella derivada de la pérdida o disminución de la funcionalidad de uno o varios sistemas corporales, ocasionada por enfermedades crónicas, hereditarias o congénitas, accidentes traumáticos u otras condiciones de salud que, aun cuando no sean perceptibles a simple vista, generan limitaciones en las actividades cotidianas, restricciones en la participación y barreras para el ejercicio pleno de derechos y libertades en igualdad de oportunidades.

Esta condición, precisó, puede estar relacionada con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, digestivas, inmunológicas, endocrinas y neurológicas, entre otras, cuyos efectos pueden generar fatiga, dolor, crisis o descompensaciones que dificultan permanecer de pie durante periodos prolongados, caminar largas distancias o desenvolverse en determinados entornos.

De igual forma, el diputado advirtió que el reconocimiento jurídico de esta condición constituye un primer paso para dimensionar la problemática, generar información y diseñar políticas públicas acordes con las necesidades de esta población. “Lo que la ley no define, el Estado no lo mide; y lo que no se mide, no se atiende”, puntualizó.

Subrayó que la invisibilidad de esta discapacidad puede propiciar que las personas sean cuestionadas o minimizadas bajo la percepción de que, al no presentar signos externos, “no parecen enfermas”; esta situación, añadió, puede traducirse en discriminación, incomprensión en los ámbitos laboral y social, así como en la negación de apoyos y ajustes razonables.

“La discapacidad, en cualquiera de sus manifestaciones, exige del Estado la adopción de medidas legislativas, administrativas y presupuestales para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. Sin embargo, en México persiste una brecha normativa relevante: la ausencia de un reconocimiento explícito de la discapacidad orgánica o invisible”, concluyó.

A la propuesta se adhirieron las legisladoras María Elena Córdova Molina, Montserrat Ortega Ruiz y Ana Rosa Valdés Salazar y el diputado Héctor Yunes Landa. La iniciativa fue turnada para su análisis a las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia y Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.