Plantea diputado mejores condiciones institucionales para adultos mayores

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Incluir el concepto de autonomía regresiva en la Ley de los Derechos de las Personas Mayores del estado, garantizarles un trato digno, adecuado y accesible en cualquier procedimiento judicial en que participen y acompañamiento especializado en los ámbitos laboral y administrativo, son las propuestas del diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada mediante una Iniciativa que presentó ante este Congreso en la Cuarta Sesión Ordinaria.

En su planteamiento, el legislador define la autonomía regresiva como “la disminución progresiva de la autonomía personal que se manifiesta en mayores niveles de dependencia, derivada del deterioro en las capacidades físicas, sensoriales, cognitivas o psicoemocionales, y que afecta el bienestar, la toma de decisiones y el ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores”, a fin de que las instituciones les puedan identificar, atender y proteger adecuadamente.

Busca también que se establezca que el trato digno, adecuado y accesible en cualquier procedimiento judicial o administrativo en el que participen deberá garantizar en todo momento la consideración de su autonomía regresiva y las condiciones de vulnerabilidad que de ella deriven.

Con ello, añade, se reconoce que dicha participación debe ajustarse a las capacidades reales de la persona, evitando prácticas que puedan constituir violencia procesal o discriminación. Se reconoce expresamente el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, elementos indispensables para garantizar un acceso efectivo a la justicia.

Por otra parte, Adrián Ávila plantea que la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) ofrezca asesoría, apoyo jurídico y representación legal a las personas mayores, fortaleciendo la protección institucional y asegurando que las personas mayores reciban acompañamiento especializado en el ámbito laboral y administrativo.

Señala que la violencia procesal ocurre cuando las personas mayores enfrentan barreras institucionales, omisiones, dilaciones o prácticas que les impiden participar plenamente en dichos procedimientos.

Ante lo anterior, afirma, las personas operadoras de justicia están obligadas a detectar, prevenir y erradicar estas formas de violencia, garantizando que la persona mayor sea asistida, escuchada y atendida con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable por autoridades competentes, independientes e imparciales, en igualdad de condiciones con las demás personas, con debida diligencia, trato preferente y atención integral.

Con la adhesión del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de la diputada María Elena Córdova Molina y del diputado Héctor Yunes Landa, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma las fracciones II incisos a), c) y d) del Artículo 5 y VI del Artículo 22 y adiciona la fracción III Bis al Artículo 2 y el inciso e) a la fracción II del Artículo 5, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores del estado, fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia.