Pide legislador privilegiar presunción de inocencia en quejas o denuncias ante la SEV

Pide legislador privilegiar presunción de inocencia en quejas o denuncias ante la SEV.

La Mesa Directiva de la LXVII Legislatura turnó a la Junta de Coordinación Política un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, autoría del diputado José Reveriano Marín Hernández, que tiene como propósito un exhorto a las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para que, al momento de aplicar los protocolos correspondientes a una queja o denuncia, privilegien siempre el principio de presunción de inocencia.

En la Séptima Sesión Ordinaria, el presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura explicó desde la tribuna que el principio de presunción de inocencia es una garantía del acusado, de la cual se genera el derecho a ser atendido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados.

El legislador expresó que lo más preocupante para el gremio educativo es la celeridad con que algunas autoridades educativas separan de su fuente de trabajo a la persona señalada, sin importarles el daño psicológico, económico y social que se le ocasiona.

José Reveriano Marín Hernández lamentó que en muchos centros escolares se ha permitido que los integrantes de los comités de padres de familia de las escuelas sobrepasen las funciones que deben de realizar. También recordó los casos de miles de maestros y maestras del sistema educativo estatal que, por lo mínimo y sin fundamento alguno, son denunciados por alumnos y padres de familia y separados de sus cargos por las autoridades educativas, que no median razonamiento alguno ni toman en cuenta el daño tan grande que esa determinación puede ocasionar.

Junto con todo lo anterior, aseveró que “en ningún momento se permitirá que se agreda a los estudiantes ni a persona alguna, y quien lo haga realmente debe pagar las consecuencias de acuerdo con la ley”, además de que “no se debe continuar criminalizando a docentes, directores o trabajadores del sector educativo a partir de presunciones hechas por la propia entidad pública”.