Implementarían medidas para atender pasivos municipales derivados de litigios

Implementarían medidas para atender pasivos municipales derivados de litigios.

Con el objetivo de fortalecer la prevención y atención de las obligaciones económicas derivadas de litigios y evitar que éstas comprometan la prestación de servicios públicos, la diputada Naomi Edith Gómez Santos propuso reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, mediante la creación de reglas específicas para el registro, seguimiento y atención de los pasivos por litigio.

Durante su intervención, la legisladora señaló que la propuesta parte de la necesidad de establecer reglas claras para el manejo de estos pasivos, considerados como aquellas obligaciones de pago, actuales o futuras, ciertas o probables, derivadas de procedimientos jurisdiccionales o administrativos.

Gómez Santos explicó que los litigios derivados de decisiones municipales pueden prolongarse durante años y generar condenas que rebasen la capacidad financiera de las administraciones que finalmente deben cubrirlas, con efectos directos en la continuidad de los servicios públicos.

Ejemplificó el caso de Minatitlán donde la extinción de una concesión de limpia pública ocurrida en 2009 derivó en un litigio cuya condena supera actualmente los 678 millones de pesos. “Situaciones de esta naturaleza pueden trasladar a administraciones posteriores obligaciones originadas años atrás y afectar la capacidad de los municipios para atender las necesidades de la población”, advirtió.

Para evitar este impacto presupuestal, la iniciativa plantea que los Ayuntamientos lleven un registro detallado de estos asuntos desde el momento del emplazamiento, incluyendo información sobre el expediente, la autoridad competente, el origen de la obligación, el monto reclamado, los accesorios estimados y el estado procesal. Asimismo, deberá informarse al Cabildo cuando la cuantía de un litigio represente un porcentaje relevante de sus ingresos de libre disposición.

También, incorpora mecanismos progresivos de prevención que se activarán cuando los pasivos alcancen determinados porcentajes del presupuesto municipal, lo cuales incluirán la creación de reservas presupuestarias, programas de cumplimiento, la valoración de vías conciliatorias y, en los casos previstos, la posibilidad de solicitar al Congreso del Estado autorización para celebrar convenios de pago plurianuales.

En materia de concesiones de servicios públicos, se propone un procedimiento estricto antes de su extinción, el cual garantice la audiencia, presentación de pruebas, alegatos, un dictamen previo y una resolución fundada y motivada. También establece criterios para determinar indemnizaciones en caso de que una extinción sea declarada nula—considerando la inversión no amortizada y gastos no recuperables comprobados—, evitando así el pago automático de contraprestaciones por servicios no prestados.

Por otra parte, se plantea que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) implemente un Sistema Estatal de Alerta de Pasivos por Litigio Municipales, el cual funcione como un semáforo preventivo que permita identificar el nivel de exposición financiera de cada ayuntamiento y fortalecer la planeación de las auditorías.

Finalmente, la legisladora subrayó que se respeta la autonomía municipal y el libre manejo de la hacienda pública, ya que no se determina cuánto deben gastar los Ayuntamientos ni les impone una estrategia de litigio; sino que se establecen reglas mínimas de procedimiento, registro y transparencia, manteniendo las decisiones sobre reservas presupuestarias, conciliaciones y programas de cumplimiento en el ámbito de los propios cabildos.

“La iniciativa no pretende resolver mediante decreto los pasivos heredados, sino establecer mecanismos que impidan que situaciones similares a la de Minatitlán vuelvan a presentarse en los municipios de Veracruz. Buscamos fortalecer la planeación, la transparencia y la responsabilidad en la administración de los recursos públicos, sin limitar las resoluciones de los tribunales ni eximir del cumplimiento de las sentencias”, concluyó.

Para su análisis, la propuesta fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Vigilancia. Se adhirieron a la misma el Grupo Legislativo de Morena y la diputada María Elena Córdova Molina.